Argentina habilitó la exportación de chatarra el 2 de enero de 2025 con el Decreto 1/2025, poniendo fin a 16 años de prohibición. Pero habilitar no es lo mismo que operar. Durante el primer semestre del año, la falta de un reglamento detallado mantuvo paralizado un mercado con demanda global activa y precios de entre 250 y 300 dólares por tonelada. La historia es conocida: la norma llegó antes que el procedimiento, y la cadena pagó la diferencia.

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El decreto que terminó con 16 años de prohibición

Desde 2009, la exportación de chatarra y residuos metálicos no peligrosos estaba prohibida. Lo que nació como un decreto de 180 días fue renovándose indefinidamente durante cuatro gobiernos consecutivos, con el argumento de proteger a la industria siderúrgica nacional y asegurar el abastecimiento de materia prima. 

El 2 de enero de 2025, el Decreto 1/2025 derogó esas prohibiciones y fijó los lineamientos para la exportación de residuos valorizados. La medida fue anunciada por el ministro de Desregulación, Federico Sturzenegger, quien calificó la situación anterior como un caso de lobby industrial cristalizado en política pública. 

El argumento del nuevo gobierno fue directo: la prohibición tenía como efecto real deprimir el precio local de los desechos, favoreciendo a pocos procesadores en detrimento de las pymes recicladoras, y se perdían cientos de negocios de valorización de residuos.

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Seis meses con el semáforo en amarillo

Que el decreto existiera no alcanzó para mover un solo contenedor. Aunque se establecieron lineamientos reglamentarios y se designaron autoridades —los Ministerios de Economía y Ambiente—, hasta julio de 2025 aún no se había publicado el reglamento operativo: qué registros se requieren, cómo se tramitan las autorizaciones, qué controles aplican.

La resolución que cerró ese vacío llegó en julio. Mediante la Resolución 393/2025, la Secretaría de Turismo, Ambiente y Deportes estableció los procedimientos para la importación, tránsito y exportación de residuos no peligrosos valorizados. Las autorizaciones estarán a cargo de la Subsecretaría de Ambiente, con una validez de hasta un año para exportación, y deberán tramitarse a través de la plataforma TAD con validación automática en la Ventanilla Única de Comercio Exterior (VUCEA). 

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El mercado que esperaba

Los números del lado de la demanda global no eran menores. Los precios estimados de exportación se ubicaban entre 250 y 300 dólares por tonelada, con China y Turquía como principales compradores interesados. También se mencionan India e Italia como destinos relevantes. 

El mecanismo de selección natural que se anticipa en el mercado no es nuevo: la exportación de chatarra funciona como la cuota Hilton en carne vacuna — al exterior irán los materiales de mejor calidad y menores impurezas, mientras que al mercado interno quedarán los de calidad inferior, que son los que pueden procesar las siderúrgicas locales con sus equipos actuales. 

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Quiénes se oponen y por qué

La medida no tuvo recepción homogénea en el sector. La apertura exportadora generó el rechazo de las principales siderúrgicas —Techint y Acindar— y también dudas entre unas 300 pymes metalúrgicas que emplean a 6.000 personas. 

El argumento siderúrgico es estructural: la chatarra de calidad es un insumo crítico para los hornos eléctricos de arco, y su desvío al exterior encarece o dificulta la producción local. Para reemplazar esa chatarra, Techint podría recurrir a importaciones de hierro desde Brasil y carbón desde Australia, lo que implicaría mayor costo, mayor huella de carbono y dependencia del acceso a divisas del Banco Central.

Del otro lado del argumento están los generadores y recicladores: la sobreoferta local artificialmente sostenida durante 16 años desincentivó el reciclado, generó sobreoferta, promovió la aparición de basurales y encareció la infraestructura de recuperación. Los que producen la chatarra —típicamente empresas chicas— cobraban menos de lo que debería valer en un mercado libre. 

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Precios locales: la otra cara del mercado

Mientras se define el mapa exportador, el mercado interno opera con sus propias referencias. Los valores varían según calidad, volumen, presencia de impurezas y ubicación geográfica —los centros urbanos pagan más por eficiencia logística. Como referencia de enero de 2026:

• Chatarra ferrosa común: 15–20 ARS/kg
• Aluminio de primera calidad: 170–200 ARS/kg
• Aluminio de segunda calidad: 70–110 ARS/kg

La brecha entre materiales es significativa y refleja el costo real del proceso de separación y clasificación que las pymes recicladoras deben realizar antes de vender.

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Cierre

El Decreto 1/2025 fue un paso real en dirección a un mercado más libre para los residuos metálicos valorizados. La Resolución 393/2025 completó el cuadro administrativo, aunque con más de seis meses de demora. El debate de fondo —si la apertura exportadora beneficia a la cadena en su conjunto o descapitaliza a la siderurgia local— no se resuelve con un decreto. Se resuelve con datos, monitoreo de precios y, probablemente, ajustes normativos que todavía están por venir.